Promesas incumplidas y erradicación de coca en el Perú
Marzo de 2005
La política de erradicación forzosa de cultivos aplicada por los gobiernos peruanos en los últimos 25 años es un fracaso. Esta estrategia agudiza los conflictos sociales, alimenta la violencia subversiva de cualquier origen, perjudica las economías locales con efectos sobre la economía nacional, y destruye bosques al dispersar los cultivos. Pero lo peor es que no revierte ninguna de las causas subyacentes al narcotráfico, como la pobreza, la marginación y la desatención del Estado.
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La política de erradicación forzosa de cultivos aplicada por los gobiernos peruanos en los últimos 25 años es un fracaso. Esta estrategia agudiza los conflictos sociales, alimenta la violencia subversiva de cualquier origen, perjudica las economías locales con efectos sobre la economía nacional, y destruye bosques al dispersar los cultivos. Pero lo peor es que no revierte ninguna de las causas subyacentes al narcotráfico, como la pobreza, la marginación y la desatención del Estado. El debate sobre la coca en el Perú se ha animado con la publicación de los resultados de la encuesta de consumidores de coca del INEI/DEVIDA interpretada en un libro coordinado por el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi, así como por la publicación en noviembre de 2004 de las Trece falacias del narcotráfico sobre la hoja de coca, que está siendo difundida por el gobierno en los valles cocaleros.
Recomendaciones:
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Tras 43 años de vigencia, los diversos instrumentos de reducción de la oferta plasmados en los tratados internacionales sobre drogas, merecen ser reconsiderados.
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La erradicación, la fumigación, e incluso el desarrollo rural basado en la sustitución, han demostrado ser ineficaces, perjudiciales, indiscriminados y profundamente violatorios de derechos colectivos básicos.
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Dichas medidas contradicen normas internacionales, constitucionales y legislativas que buscan un reconocimiento y respeto a la cultura y tradiciones de los pueblos.
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Las normas para cultivos ilícitos, elaboradas en 1961 y 1988, chocan en la actualidad con otros instrumentos internacionales de mayor jerarquía establecidos posteriormente, relacionados con la protección de los derechos colectivos. Las autoridades - jueces, policías, fiscales, funcionarios - deberían tenerlos en cuenta en la aplicación de las políticas.
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Países como Perú y Bolivia deben construir una sólida alianza para iniciar un proceso de cambio del sistema internacional de control, partiendo de la hoja de coca, y adoptar medidas concretas para su liberalización, en respeto a los mercados tradicionales.
