El Gobierno de Bolivia, a través de una carta enviada a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), rechaza los juicios emitidos por ese organismo independiente de las Naciones Unidas, sobre la campaña de legalización del akullicu (masticado) de la hoja de coca que lleva adelante. El Gobierno boliviano indicó que la JIFE se “extralimita” al pedir que se elimine el acullico y que envió una nota en la que hace conocer la postura boliviana.

Señor Secretario de la JIFE:

Me dirijo a usted en respuesta a su nota INCB-CES BOL 05/12 BOL114 (3) 161/1, de 17 de febrero de 2012, mediante la cual hace referencia a la reciente misión de la JIFE al Estado Plurinacional de Bolivia efectuada el 15 y 16 de diciembre de 2011 y, a su vez transmite las conclusiones de las deliberaciones de la JIFE sobre la citada misión.

A este respecto, el Estado Plurinacional de Bolivia desea llamar la atención con hondo pesar, sobre el carácter y las inferencias sesgadas de su nota, a tiempo de rechazar los juicios inaceptables, cuando la JIFE y su Secretaria, de acuerdo a su mandato, debería limitarse a sugerir consultas, establecer un diálogo y solicitar explicaciones de los Estados. En tal sentido los Comentarios al Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de 1972, precisan que la Junta “queda naturalmente sujeta a las restricciones que ese tratado impone a su autoridad y que la Junta no puede recomendar medidas correctivas a un gobierno determinado sin el consentimiento de este”, salvo en casos extremos donde la JIFE invoca explícitamente su autoridad bajo el artículo 14 de la Convención Única, que no hizo en este caso.

El hecho de que, según su nota, el propósito de la misión fue analizar “las graves consecuencias para la fiscalización internacional de drogas” de nuestra decisión política, ya deja claro los prejuicios con que aparentemente la misión llegó a nuestro país. El mismo prejuicio de la JIFE ya se expresó públicamente en su declaración de prensa del 6 de julio de 2011, mencionando que tal “abordaje minaría la integridad del sistema global de control de drogas”. Su carta ahora simplemente repite las posiciones que el Presidente de la JIFE ya había tomado desde el inicio, sin ingresar de manera seria en los argumentos que han sido explicados en gran detalle durante su visita.

Al señor

Sr. Andrés Finguerut
SECRETARIO GENERAL
JIFE
Viena – Austria

El Estado Plurinacional de Bolivia es un estado soberano que se rige en estricta observancia al derecho internacional y el cumplimiento de sus preceptos constitucionales y, como es de su conocimiento, participa activamente en el sistema de fiscalización internacional de drogas desde el siglo pasado. Es parte de la Convención contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas desde 1988, y de la Convención de Naciones Unidas sobre sustancias Sicotrópicas de 1971. Mediante ratificación efectuada el 3 de septiembre de 1976 ha sido también parte de la Convención Única de 1961 y del Protocolo de 1972, hasta diciembre de 2011. Debo recordarle que el Estado Plurinacional de Bolivia se vio obligado a presentar una reserva a fin de conciliar sus obligaciones internacionales de la Convención Única con su nueva Constitución Política, en virtud a la objeción de algunos Estados partes a la enmienda planteada en el 2009 por Bolivia al Artículo 49 inciso 1c) y 2e).

El Secretario General de Naciones Unidas ha notificado a los estados partes de la Convención Única de 1961, que Bolivia ha tomado la decisión de presentar una adhesión con reserva, con arreglo numeral 2 del Artículo 41 y el instrumento de Reserva de conformidad al inciso 3 del Artículo 50 de dicho convenio. El requisito de la Convención Única en sentido que la masticación de la hoja de coca debe ser prohibida es incompatible con el artículo 384 de la Constitución de Bolivia que protégé la coca en su estado natural como parte de su patrimonio cultural, recurso natural y medicinal. Dichos requisitos también vulneran los derechos indígenas y culturales, así como diversos instrumentos internacionales incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Desde el punto de vista del Estado Plurinacional el propósito de la misión de la JIFE se enmarcó para recibir las explicaciones gubernamentales en torno al inequívoco compromiso político que se manifiesta en su eficaz régimen de control de drogas ilícitas, su firme voluntad política de re-adherirse a la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y, a su vez observar, in situ, los resultados de los avances en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes logrados por el gobierno de Bolivia a la fecha.

El Estado Plurinacional de Bolivia lamenta que la Junta no haya comprendido ni reflejado la firme voluntad del gobierno de Bolivia de continuar siendo parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, y por ello se ve obligado a manifestar su terminante rechazo a las descalificaciones manifestadas en su nota, que al mismo tiempo omiten ponderar los contundentes resultados sin precedentes, del compromiso Bolivianos para controlar los cultivos de coca excedentaria y el comercio ilícito de estupefacientes.

También es importante clarificar de manera categórica que la decisión del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de denunciar la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su re-adhesión con una reserva, en primer lugar se refiere respecto al uso cultural y medicinal de la hoja de coca. El cultivo, uso y consumo de la hoja de coca es tradicional y forma parte de la identidad cultural desde hace milenios para gran parte de las 36 naciones que conforma el Estado Plurinacional de Bolivia. La masticación de la hoja de coca se entiende como uno de sus “usos tradicionales lícitos” reconocidos por el artículo 14 de la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Rechazamos terminantemente las aseveraciones y opiniones equivocadas expresadas en su nota en sentido que el estado Plurinacional de Bolivia tiene la intención de socavar la integridad del sistema de fiscalización internacional de drogas, como de manera errónea se intenta interpretar, por lo que nos vemos obligados a recordar que contrariamente a esta inferencia, mi país viene actuando en el mas alto grado de respeto, atención y cumplimiento de dicho instrumento jurídico. Por ello, deseamos dejar constancia que Bolivia ha actuado en estricta observancia a las disposiciones normativas jurídicas claramente establecidas en la Convención Única de 1961, y no como se aduce que mi gobierno haya adoptado tecnicalidades sin precedentes.

Muchos estados partes han depositado reservas de diferentes tipos a las tres convenciones en sus momentos de ratificación o adhesión. Las circunstancias de una dura dictadura militar han sido las condiciones políticas cuando Bolivia ratificó la Convención Única de 1976, una misma reserva en esa oportunidad hubiese sido aceptada sin mayores problemas, tal como ocurrió después con nuestra reserva a la Convención de 1988. La práctica de reservas posteriores o usar el mecanismo de denuncia con adhesión y reserva, pueda ser excepcional pero tiene varios precedentes en el derecho internacional.

La denuncia de Bolivia a la Convención se encuadra dentro de los parámetros jurídicos establecidos en la letra y el espíritu de instrumento. La nota omite una relación de las explicaciones que brinda el Presidente Evo Morales en su comunicación del 29 de diciembre de 2011, sobre las razones fundamentales que asisten a Bolivia para proceder e conformidad a las disposiciones de la Convención y tampoco observa las explicaciones brindadas por mi gobierno durante la reciente visita de la Misión de la JIFE a La Paz.

Por ello, empezamos a cuestionar seriamente el valor del diálogo con la JIFE, siendo que éste debería ser el objetivo principal de su actuación, es decir estimular un diálogo con los Estados dirigido a ayudar, encontrar soluciones factibles cuando se encuentran dificultades con la interpretación o interpretación de ciertas estipulaciones. Así como dice el Comentario de Protocolo de 1972, la JIFE “ha de mantener relaciones de amistad con los gobiernos y, al aplicar la Convención, guiarse con un espíritu de cooperación, en lugar de por una visión estricta de letra de la ley” (Comentarios al Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, hecho en Ginebra el 25 de marzo de 1972, p.11).

Adicionalmente me veo en la obligación de objetar categóricamente la inferencia equivocada por parte de la junta mezclando el proceso unilateral de adhesión con reserva con una supuesta intencionalidad con respecto a la reclasificación de la hoja de coca de la Lista I de la Convención de 1961. De esta manera la JIFE procura desacreditar y adulterar la intención del Estado Plurinacional de Bolivia que conoce muy bien las disposiciones jurídicas establecidas en las convenciones para ese propósito y la diferencia con el procedimiento que ha empezado en junio de la hoja de coca hacia el mercado ilícito.

Bolivia a través de su Ley No. 147 ha dado suficientes garantías a la comunidad internacional bajo su compromiso para cumplir fielmente y llevar a cabo las estipulaciones que contiene la Convención Única sobre Estupefacientes, salvo la estipulado en la reserva hasta que se haga efectiva su adhesión.

Resulta conveniente recordar una vez mas que las convenciones han descrito la autoridad de la Junta de forma explicita en términos de cooperación y el diálogo, especialmente el Protocolo de 1972 que modifica la Convención Única de 1961 especifica algunas de las funciones de la Junta y –como dice su comentario- las “restricciones que impone a su autoridad”. En tal virtud detalla que la junta podrá prestar ayuda o dar consejos sólo a un gobierno que lo solicite expresamente.

Bolivia siempre ha estado interesada y dispuesta a un diálogo abierto y honesto con la JIFE, pero esto no autoriza a la Junta a emitir juicios y juzgar la reserva presentada por Bolivia a la Convención de 1961, puesto que ello es una atribución de los Estados Parte. Demás esta en señalar que dicha reserva se encuentra en concordancia con la reserva de Bolivia aceptada en la Convención de las naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancia Psicotrópicas de 1988.

Finalmente, Señor Secretario, en mérito a la transparencia y el respeto que todo Estado amerita mucho agradeceré a usted se permita remitir a la brevedad posible, el informe de conclusiones de la Misión de la JIFE efectuado a mi país tal como fueron presentadas y discutidas en su 103 Periodo de Sesiones en Viena del 30 de enero al 3 de febrero de 2012, y las actas de la discusión que la Junta ha tenido al respecto, a fin de que mi gobierno pueda evaluar los alcances de dichas percepciones y brindar, si fuese necesario, mayores explicaciones sobre confusiones o aclaraciones que se requiera.

Con este motivo reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

David Choquehuanca Céspedes
Ministro de Relaciones Exteriores