Guerra anti-narcóticos. El presidente peruano quiere hacer pie en la zona cocalera más grande de Sudamérica con una estrategia contraria a la diagramada por Washington. Paralelamente, convoca a una cumbre presidencial de Unasur anti-drogas.

"Díganme ya cuándo voy a poder izar el pabellón nacional en Vizcatán”, azuzó el presidente Ollanta Humala días atrás a la primera línea de las Fuerzas Armadas. Vizcatán es el corazón geográfico del Valle de los Ríos Apurímac y Eye (Vrae), una hoya amazónica híperprolífica en producción de hoja de coca que ha imantado la instalación de poderosos cárteles del narcotráfico y de células maoístas herederas de Sendero Luminoso. Desde hace décadas, el Estado nacional no tiene presencia significativa en el Vrae. Ya sea por complicidad directa, durante la era Fujimori, o retiro estratégico, en tiempos de Alan García, el gobierno peruano decidió siempre que esa hondura selvática y encorsetada por altas e impenetrables pendientes montañosas sea tierra de nadie, o más bien del crimen organizado y de las patrullas perdidas de Sendero.

Segundo dato a tener en cuenta: el presidente peruano designó al frente de la Secretaría antinarcóticos local (Dediva) a un ex asesor de los movimientos cocaleros regionales y de thinks tanks progresistas y enfrentados con la agencia norteamericana Drug Enforcement Administration (DEA): el licenciado Ricardo Soberón Garrido. En un artículo titulado “Ladran Sancho”, Hugo Cabieses –especialista antinarcóticos y compañero de ruta de Soberón en varias ONG– felicitó la designación del nuevo titular de la Dediva: “Ricardo lleva años combatiendo contra políticas de drogas que son ineficaces, injustas y copiadas. Ineficaces porque no combaten lo que deben combatir: el crimen organizado y la corrupción que de éste se deriva. Injustas, porque golpean los extremos pobres de la cadena del tráfico ilícito de drogas, es decir, a los cultivadores/productores y a los consumidores/microcomercializadoras, dejando libres e, incluso, alentando a los verdaderos delincuentes. Y copiadas porque hasta ahora no hemos diseñado e impulsado una política de Estado propia sobre drogas, sino que aplicamos la política de los Estados Unidos”.

Paralelamente, la prensa concentrada peruana repudió el nombramiento de Soberón con una increíble campaña macartista donde supuestos cuadros narco-guerrilleros se declaran entusiastas “por la llegada del amigo Soberón a la Dediva”. Por lo tanto, el enunciado de Humala a los altos mandos castrenses no sólo inauguró el primer paso del nuevo Jefe de Estado como Comandante en Jefe, sino que podría marcar un hito copernicano en la historia andina de la guerra contra las drogas.

Desde su recién estrenado despacho, Soberón habla con Miradas al Sur y le fija tiempos al reto lanzado por el presidente Ollanta Humala: “Sin necesidad de ir arrasando el cultivo de hoja de coca en el Vrae, pero actuando con inteligencia, se puede desterrar el narcotráfico de dicha zona en cinco años”. Además, Ricardo Soberón justifica porque, a su entender, la guerra antinarcóticos no debe implicar una batalla contra los campesinos cocaleros: “Las políticas basadas en la erradicación compulsiva de los cultivos ilícitos, mientras no aborden los problemas estructurales de pobreza rural, son inútiles y nefastas. A guisa de ejemplo, a pesar del Plan Colombia y los severos golpes propinados a las Farc por sucesivos gobiernos, el no haber abordado los problemas de concentración de la tierra y la existencia de mafias locales, ha impedido resolver los problemas estructurales que permiten y facilitan la existencia de las Farc como una alternativa distinta, entre el campesinado. Lo mismo ocurre en Perú con Sendero Luminoso”.

Por otro lado, debido al “efecto globo”, en los últimos años Perú ha desplazado a Colombia como primer productor mundial de la hoja de coca. “Es lo que marcan los estudios sobre la guerra contra las drogas, cuando tú pones la mano en un lado, surge o emerge con fuerza el otro lugar”, puntualiza el especialista Cabieses. Evidentemente, para Humala la problemática de la drogas tiene el precinto de urgente. Por eso, la sorpresiva convocatoria a un técnico crítico como Soberón y su llamamiento a una Cumbre Antidrogas de Unasur. Son maniobras fuertes en el tablero de la guerra contra las drogas. El contrafuego no tardará en llegar.

Desde un helicóptero, el general Horacio Huivin, director de la policía antidrogas de Perú, observa contrariado los gruesos campos de coca que dominan los valles selváticos y se confiesa ante un corresponsal del New York Times: “Hemos caído en un círculo vicioso porque estamos erradicando los mismos lugares donde lo estuvimos haciendo el año pasado o en años anteriores”. Efectivamente, después de cuarenta años Perú volvió a convertirse en el primer productor mundial de hoja de coca y, por lo tanto, sobrepasó a Colombia como plataforma exportadora en el comercio ilegal de drogas. El dato, informado esta semana por la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, enfureció al gobierno de Alan García porque Lima viene quedando en off side ante las metas que le exige Washington a cambio de asistencia militar y técnica para combatir al narcotráfico local.

García bramó en conferencia de prensa y calificó las cifras de la ONU como “totalmente inexactas”; el Canciller José García Belaunde, mientras tanto, prefirió retrucar a las Naciones Unidas advirtiendo que “hay inconsistencias. No son las cifras que maneja el gobierno peruano”. Por lo pronto, para salir del entuerto estadístico y entender el fenómeno cocalero incaico, Miradas al Sur consultó a los dos mayores especialistas del Perú en políticas antinarcóticos. Desde Lima, Ricardo Soberón, del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, enfatiza vía telefónica que: “Estamos en un proceso de transición en el denominado efecto globo porque en los andes amazónicos se producen estos ciclos donde se alterna la preeminencia de Colombia o Perú en la producción de cocaína. Es lo que marcan los estudios sobre la guerra contra las drogas, cuando tú pones la mano en un lado, surge o emerge con fuerza el otro lugar”. Es decir, la enorme inyección financiera que recibe Bogotá desde la Casa Blanca por el Plan Colombia –cinco mil millones de dólares en una década– estaría apachurrando las zonas cocaleras del país caribeño e inflando, en contrapartida, la productividad de los narcos peruanos.

Por otro lado, el economista y sociólogo peruano Hugo Cabieses advierte desde la sureña Puerto Maldonado a Miradas al Sur que “el problema central es que no hay una inteligencia unificada. Además, en el principal centro cocalero, el Valle de los Ríos Ene y Apurímac, la policía y los militares están involucrados en el negocio del narcotráfico. En esa región actúan cuatro entidades estatales y no hay coordinación entre ellas. La política de Rómulo Pizarro –zar antidrogas de Perú– debe ser cambiada y dejar de recibir órdenes de la Embajada de Estados Unidos”. La referencia política de Cabieses es ineludible. Los gobiernos andinos, salvo algunas discrepancias manifestadas por el gobierno boliviano del ex dirigente cocalero Evo Morales, ejecutan un único patrón en la lucha antinarcóticos y el copyright le pertenece a la famosa agencia norteamericana Drug Enforcement Administration (DEA).

De hecho, el profesor en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian apunta a los halcones norteamericanos como responsables de este reiterado fracaso en su último libro La guerra contra las drogas en el mundo andino. “Aquí confluyen dos temas distintos. Uno es la inercia político-burocrática de los actores domésticos norteamericanos que siguen colocando a la prohibición de las drogas, tanto interna como externa, como estrategia prevaleciente. En segundo lugar, el componente militar ha crecido de manera desmesurada y con una notable autonomía; a punto de ser el Comando Sur, probablemente, la agencia más activa en el combate contra el narcotráfico”, apunta Tokatlian en dichas páginas.

Recapitulando, la fallida estrategia tiene componentes históricos y un militarismo exacerbado en la focalización del problema. Pero, también, existen explicaciones que tienen que ver directamente con el bolsillo del pueblo. “Lo que ha ocurrido es que los mercados internacionales determinan los tipos de cultivos en una región. Los programas de desarrollo alternativo en la selva alta han sido un verdadero fracaso, y toda la apertura comercial generó que los productores tenga en la hoja de coca a su última posibilidad de sobrevivencia”, dispara Soberón. Así lo entiende también Jacinta Rojas, una cultivadora de la localidad cocalera de Tingo María: “La coca nos permite alimentar a nuestros hijos, además se puede cosechar hasta cinco veces al año, en comparación con una o dos en cultivos como el cacao”. Hasta la cumbia replica con un ritmo dulzón lo que asevera Jacinta entre dientes ralos: “Cocalero, tus ollas están vacías; cocalero, tu esposa está llorando. Pero sigue sembrando más coca, para que brote ese dinero”.