Lo que se logrará, dice Martin Jelsma, es sacar una parte significativa del mercado ilícito de drogas (el narcotráfico produce alrededor de US$30 millones anuales en Uruguay) de manos de los criminales. “Es obvio que no acabará con el narcotráfico, ya que otras partes de ese mercado seguirán operando, pero es un paso útil”. Las ganancias que obtenga el Estado serán destinadas a educación, salud, tratamientos y programas de prevención.

El proyecto impulsado por el presidente uruguayo, José Mujica, para que el Estado asuma el control del proceso de producción y venta de cannabis, fue aprobado el pasado 31 de julio por la Cámara de Diputados y se prevé que sea ratificado hoy en el Senado, donde la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio cuenta con la mayoría. Tras la ratificación vendría un proceso de reglamentación de la ley y, para el segundo semestre del próximo año, la nueva política de drogas comenzaría a aplicarse.

Se trata de un proyecto pionero a nivel mundial. Aunque varios estados de Estados Unidos han aprobado la producción legal de cannabis para uso medicinal y países como España y Holanda regulan la venta de la droga en coffee shops, ninguno ha encarado la producción y venta del cannabis como una política nacional. Martin Jelsma, coordinador del programa Drogas y Democracia, del Transitional Institute, dice a El Espectador que “el voto del Senado inspirará iniciativas en todo el mundo. En estados de EE.UU. y en otros países latinoamericanos como México, Chile y Ecuador, ya hay propuestas similares en consideración. Incluso en los Países Bajos tendrá un impacto en el debate, ya que una mayoría de los holandeses está a favor de una regulación legal y el argumento del gobierno para no legalizar ha sido que la legalización es imposible en el contexto internacional. Si Uruguay es el primer país en mostrar que sí se puede hacer, ese argumento en contra va a perder mucha fuerza”.

El modelo es parte de un proyecto para luchar contra el narcotráfico y la violencia. Aunque Uruguay es considerado el país más pacífico de Latinoamérica, en los últimos tres años proliferaron el sicariato y los ajustes de cuentas entre pequeños grupos que controlan la venta de droga. “No aumentó significativamente la cantidad de homicidios, pero cambió la calidad de los delitos y esto está asociado al narcotráfico”, dijo a este diario Julio Calzada, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Inspirado en experiencias de las comunas de Medellín y de la policía pacificadora de Río de Janeiro, el gobierno presentó 16 medidas para evitar un desbordamiento de la violencia. Una de esas es la regulación estatal del cannabis.

Según el primer artículo del proyecto de ley, el modelo está encaminado “a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del cannabis, que promueva la debida información, educación y prevención, sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a dicho consumo, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos de drogas”.

El portal Regulación Responsable indica que para controlar el mercado la ley emitirá permisos especiales para la producción, comercialización y abastecimiento personal de la marihuana. Sólo sitios con una autorización especial podrán producir cannabis para uso personal y medicinal, o usar el cáñamo en la elaboración de textiles o papel.

Para el abastecimiento personal, los consumidores podrán acceder a la marihuana a través del autocultivo de plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha. También podrán hacerlo en sitios de venta autorizados, donde no podrán comprar más de 40 gramos para uso recreativo, o podrán solicitarlo para fines medicinales con autorización del Ministerio de Salud Pública en farmacias especialmente habilitadas. Además, los consumidores podrán asistir a clubes para cultivar en grupo un número de plantas proporcional a la cantidad de miembros.

Con el fin de reducir los daños y riesgos del consumo, un mecanismo de regulación penalizará a las personas que produzcan o vendan cannabis sin autorización. También prohibirá el consumo en menores de edad, la conducción bajo los efectos de la droga, hacer publicidad sobre el cannabis o consumirlo en espacios públicos.

Para que el modelo funcione, el proyecto de ley crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, encargado de supervisar todos los procesos, hacer una evaluación permanente del sistema y garantizar que nada de lo producido en el país termine en el mercado negro de los estados vecinos.

¿Aumentará el consumo? Ese es un temor de muchos países que discuten proyectos similares, dado que se trata de una habilitación masiva de acceso a la marihuana. No obstante, como dice Julio Calzada, la experiencia en países de Europa y en el mismo Uruguay desde que se aprobó la dosis mínima, demostró que si bien puede haber una expansión inicial del consumo, no hay un incremento alarmante. Eso siempre y cuando la regulación vaya acompañada de programas de educación y concientización.

¿Qué tan efectivo será el modelo en la lucha contra el narcotráfico? Para competir con el mercado ilegal, la marihuana tendrá un precio aproximado de un dólar el gramo. Lo que se logrará, dice Martin Jelsma, es sacar una parte significativa del mercado ilícito de drogas (el narcotráfico produce alrededor de US$30 millones anuales en Uruguay) de manos de los criminales. “Es obvio que no acabará con el narcotráfico, ya que otras partes de ese mercado seguirán operando, pero es un paso útil”. Las ganancias que obtenga el Estado serán destinadas a educación, salud, tratamientos y programas de prevención.

Mujica y quienes impulsan el proyecto reconocen que se trata de un modelo experimental y que si hay errores se irán corrigiendo en el camino. Dicen, sin embargo, que ante el fracaso de cinco décadas de políticas represivas que demostraron no funcionar, la única opción es explorar nuevas alternativas.

Daniel Salgar Antolínez
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