El desarrollo de la fiscalización internacional de estupefacientes
Lecciones del pasado y desafíos estratégicos para el futuro
Febrero de 2011
La aparición de enfoques más pragmáticos y menos punitivos con respecto a la cuestión de las drogas podría representar el inicio de una etapa de cambios en el actual régimen mundial de fiscalización de estupefacientes. La propagación del VIH/SIDA entre los consumidores de drogas inyectadas, el hacinamiento en las prisiones, la renuencia del continente sudamericano a seguir siendo el escenario de operaciones militares antidrogas y la ineficacia de las medidas represivas de lucha contra los estupefacientes para reducir el mercado ilícito han contribuido a erosionar el apoyo global a la guerra contra las drogas inspirada por los Estados Unidos.
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En los últimos diez años, el consenso mundial para el control de las drogas se ha ido resquebrajando, afectado por toda una serie de grietas que se están acentuando muy rápidamente. La ideología de la tolerancia cero cada vez se ve más cuestionada por visiones que apuestan por la descriminalización, la reducción de los daños y la integración de los principios de los derechos humanos en el sistema de fiscalización de las drogas. En los últimos años, además, las ventajas que conllevaría un mercado legal regulado para el cannabis han sido aceptadas como parte del debate dominante sobre un modelo de control más eficaz.
Este informe explica cómo se establecieron los fundamentos del actual sistema mundial de control, así como la radicalización del sistema hacia una aplicación más represiva, que posteriormente derivó en un fenómeno de 'deserciones blandas' y de expansión de medidas más moderadas. En el último apartado, se proyecta un posible futuro para el proceso de reforma en curso, apuntando hacia la modernización y la humanización del marco jurídico internacional del sistema de control según lo dispuesto en las convenciones de fiscalización de estupefacientes de la ONU.
Conclusión
En 2012, el mundo celebrará los cien años del sistema internacional de control de drogas. La Convención Internacional sobre el Opio fue firmada el 23 de enero de 1912 en La Haya por los Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos, Persia (Irán), Portugal, Rusia, Siam (Tailandia), Nicaragua, el Reino Unido y los territorios británicos de ultramar (incluida la India británica). Fruto de las legítimas inquietudes que despertaban los problemas relacionados con las drogas y con el loable objetivo de proteger el bienestar de la humanidad. Pero con el paso del tiempo, el sistema de fiscalización degeneró en una guerra contra los consumidores, los campesinos y los pequeños traficantes. Ahora se admiten de forma generalizada sus excesivas consecuencias negativas y su poca eficacia, y en muchos lugares se ha puesto en marcha todo un proceso de distensión o moderación.
Los principios rectores de ese proceso son el respeto de los derechos humanos, la reducción de daños, la descriminalización, la proporcionalidad de las penas, un enfoque de desarrollo ante los cultivos ilícitos y un retorno a la racionalidad basada en pruebas empíricas. El actual sistema de tratados está plagado de incongruencias y sus ambigüedades representan un obstáculo para mejorar las políticas, por lo que el actual conjunto de convenciones de control de drogas se debe revisar más pronto que tarde. El actual proceso de reforma chocará inevitablemente con la esencia de tolerancia cero de las convenciones de la ONU y con varios de sus artículos obsoletos. Pero como se afirmaba en el primer Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU en 1997: “Las leyes –incluidas las convenciones internacionales– no son inamovibles y pueden modificarse si la voluntad democrática de las naciones así lo desea”.
Lo que el mundo necesita es un grupo de países que esté dispuesto a declarar que el actual marco de tratados ya no se adecua a la finalidad para la que fue creado. Hace un siglo, un pequeño grupo de países inició el desarrollo de un sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. En 2012, otro pequeño grupo de países podría poner en marcha su necesaria reforma y concebir las líneas maestras de un nuevo marco jurídico para el próximo siglo, basándose en las muchas lecciones aprendidas durante estos últimos cien años.
