Claro que a mí tampoco me gusta el título de esta nota, con sus resonancias panfletarias, sus reminiscencias de mimeógrafo, de argumentos hiperventilados de una izquierda que el tiempo caducó. Pero a veces la exactitud importa más que la eufonía. Como ahora.

Acompañé hace unos pocos días parte de las discusiones del “Octavo diálogo informal sobre política de drogas” en El Pueblo. Organizado por el Washington Office for Latin America (WOLA) y el Transnational Institute (TNI), este encuentro, como todos los anteriores convocó a expertos y autoridades en el tema de las drogas y la lucha contra el narcotráfico para discutir, en invariable off-the-record, las alternativas al rígido prohibicionismo que prevalece en los tratados internacionales, pese a su costoso fracaso.

Dije autoridades, pero eso se aplicó solo a los invitados extranjeros. El Perú aportó ex autoridades. Devida iba a ser anfitriona del evento, pero luego del brusco defenestramiento de Ricardo Soberón, la nueva jefa de Devida, Carmen Macías, retiró inmediatamente no solo el auspicio sino toda participación de Devida en el evento.

Ahí estaba, empero, Soberón, con la levedad de los recientemente libres. Así que aproveché para preguntarle, ante los demás, aquello para lo que la lógica no proporciona respuesta. ¿Qué llevó, en su concepto, al gobierno de Humala al volteretazo que dio en la política anti drogas? Porque Soberón no era, ni mucho menos, un jacobino en el ámbito de las reformas. Un cauto girondino, más bien, (mucho más moderado que lo que fue el candidato Ollanta) a quien derrocaron sin ceremonia y reemplazaron por el equivalente recargado de la Santa Alianza.

No puedo contarles la respuesta de Soberón o la de quienes intervinieron después, por aquello del off-the-record. Puedo decir que fueron interesantes, pero más como preguntas sucesivas y no como respuestas que, por ahora, antes se adivinan que analizan.

La captura de ‘Artemio’ tuvo, junto con su inmenso significado, simbólico y literal, de victoria, de fin de una era y comienzo de otra nueva con posibilidades reales de paz para el Alto Huallaga, otro lado más oscuro: desató un oportunismo estridente y por momentos sórdido que azuzó una histeria anti-cocalera, con el fin de perseguir toda representación de campesinos cocaleros (y a los propios campesinos), acusándolos de ser cómplices de ‘Artemio’ y el senderismo, tanto en las acciones terroristas como en el narcotráfico.

El objetivo parece ser encarcelar a tantos dirigentes cocaleros como sea posible y multiplicar las acciones de erradicación de cocales como criterio central de la lucha antidrogas. La nueva jefa de Devida, Carmen Masías, es, por supuesto, la más entusiasta promotora de esta supuesta estrategia, apoyada por un grupo de analistas contratados por el gobierno estadounidense.

Está claro que el hecho de estar remunerados por el gobierno de Estados Unidos no desautoriza las opiniones de esos analistas (aunque las hace previsibles), pero uno esperaría que ello fuera espontáneamente revelado, o transparentado como se dice ahora, por ellos mismos. Diferente es el caso de Carmen Masías, quien trabajó en Cedro hasta el momento mismo de asumir la jefatura de Devida, y que es probable que regrese a esa institución una vez que termine su gestión con el gobierno peruano.

MASÍAS es la principal funcionaria antidrogas del gobierno peruano. No ha cambiado de tema ni de objetivos pero sí de institución. En Cedro, donde trabajó virtualmente desde su creación a mediados de la década de 1980, hizo lo mismo, desde la perspectiva para la que Cedro fue creado, como un proyecto del gobierno de Estados Unidos a través de la AID [Proyecto número 527-0288]. Su propósito, desde el punto de vista estadounidense, está bien resumido en una sola oración en la página 23 del Proyecto original: “El objetivo del Proyecto es fortalecer el compromiso peruano en favor de acciones policiales antidrogas y erradicación de cocales mediante el cambio de la percepción del público sobre las drogas y asuntos relacionados”.

La forma de conseguir “los cambios a largo plazo en las actitudes y el compromiso sobre el problema de la droga solo pueden ser logrados por los propios peruanos organizados en un eficaz mecanismo de educación pública y lobby” (pág. 15). Y ese fue el objetivo de Cedro.

Cinco años después, en 1990, un informe del Development Economics Group, contratado por la AID para una evaluación del desempeño de Cedro, puntualizó los mismos objetivos: “La meta es apuntalar el compromiso del Perú para poner en cumplimiento las leyes referentes al narcotráfico y los programas de erradicación del cultivo de la coca”.

Cedro, y por supuesto su directora adjunta, se mantuvieron fieles a los objetivos del gobierno que los contrató, entre otras cosas mediante un lobby que resultó harto exitoso.

Hacer lobby no es ilegal. Tampoco lo es en Estados Unidos. Pero me pregunto qué pasaría si ocurriera que un nominado para Zar Antidrogas estadounidense hubiera trabajado durante largos años como lobbysta pagado del gobierno peruano para defender sus puntos de vista e intereses en la lucha contra las drogas. ¿Lo nombrarían, lo confirmarían? Lo dudo mucho.

Admiro mucho a Estados Unidos, desde la oportunidad que ofrece al esfuerzo individual hasta su insuperada capacidad creativa e innovadora. Y también, por cierto, su patriotismo. Y por eso creo que nosotros no deberíamos exigir menos a nuestros altos funcionarios de lo que ellos exigen a los suyos.

Fuentes con conocimiento de causa me informaron que la embajada estadounidense no hizo ninguna presión para que Soberón fuera destituido de Devida. Estaban conformes con su presencia. ¿Qué pasó entonces? Solo puedo suponer que la acción fue parte del mensaje que el primer ministro Valdés quiso dar y que en ese aspecto, como en varios otros, patinó entre la exageración y el exceso.

Y Macías, a su turno, repite el mismo libreto de los años 80, cuando los presidentes Reagan y Bush padre definían los parámetros de la lucha antidrogas, el embajador Lewis Tambs acuñaba en Colombia el término ‘narcoterrorismo’ y aquí en el Perú los gringos que presionaban por más erradicación hablaban de los campesinos cocaleros como ‘narcosinos’.

TREINTA años de errores, de resultados opuestos a los buscados, de enredos bochornosos (Noriega, Montesinos, entre varios otros), y de agravamiento global del problema, no han servido sino para proseguir conjurando tercamente el fracaso. A diferencia de aquellos émigrés que ‘nada olvidaron y nada aprendieron’, los de aquí sí olvidaron pero no aprendieron.

Lo curioso de esta voltereta política es que Ollanta Humala – que tuvo durante la campaña un discurso interesante que separaba a los campesinos cocaleros de los narcotraficantes y enfatizaba combatir a los segundos y ayudar al desarrollo de los primeros– queda ahora, en ese tema, claramente a la derecha del presidente de Colombia Juan Manuel Santos y ¡hasta del presidente de Guatemala, Otto Pérez!

Como se recuerda, Santos declaró hace algunas semanas su disposición a discutir las ventajas o desventajas de la legalización de las drogas como un medio de “intentar arrebatar la violenta rentabilidad que da el narcotráfico”. Y la semana pasada, el presidente de Guatemala, Otto Pérez se animó, en sus palabras, a poner “en la mesa un tema de debate”, el de la legalización.

Me parece muy bien debatir, pero creo que hay una gama de acciones y estrategias que pueden tener resultados importantes frente al narcotráfico. Sobre todo una ofensiva continua e intensa contra el crimen organizado y contra el lavado de activos. Hay que luchar contra la plutocracia del narcotráfico y no contra el proletariado de la coca. Esos son pocos y tienen mucho; los de aquí son muchos y tienen poco. ¿Es tan difícil de entender?