El mercado ilícito de drogas en el contexto agrario colombiano
¿Por qué el tema de los cultivos ilícitos es relevante para el proceso de paz?
Febrero de 2013
La distribución de la tierra y su uso injusto son las principales causas de la violencia en Colombia. Por esta razón los temas de la tierra son el punto de partida de las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno de Santos y las FARC. Remediar los problemas estructurales del agro colombiano es la mejor garantía de progreso de las negociaciones de paz que permitiría poner fin a un violento conflicto de casi medio siglo.
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El mercado de las drogas ilícitas ha florecidoen el contexto tradicional de desigualdad, exclusión y pobreza que ha caracterizado el campo colombiano. Aunque sirve como una economía de supervivencia y ofrece una red de seguridad para muchos, el dinámico mercado ilícito, así como también la misma guerra contra las drogas que se realiza en su contra, ha aumentado los problemas del campo, ha estimulado los conflictos, la violencia, el despojo, el desplazamiento de población y el malestar social.
En las dos últimas décadas, el comercio ilegal de drogas y las inversiones ilícitas, entre otros factores, han provocado una contrarreforma agraria (concentración de la tierra) dando lugar a un deterioro de las condiciones de vida en muchas zonas rurales del país. La consolidación de la paz en las zonas afectadas requerirá de una política rural que aborde esta situación y resuelva los problemas generados por la economía ilegal y las medidas represivas aplicadas en el país.
Las nuevas conversaciones de paz ofrecen en Colombia, una vez más, un marco para desarrollar formas alternativas para hacer frente a la oferta de drogas. Existe un consenso cada vez más afianzado entre amplios sectores de la sociedad de que el modelo de prohibición de las drogas ha fracasado en su ilusorio objetivo de lograr un mundo libre de drogas. Hoy en día hay una nueva atmósfera de debate sobre las estrategias de drogas y sobre las alternativas posibles que reconoce los impactos negativos y los daños colaterales que se han producido hasta ahora a causa de las drogas y de las políticas para combatirlas.
El Gobierno del presidente Santos se ha mostrado abierto a la discusión y ha invitado a otros Gobiernos, principalmente del hemisferio, a hacer lo mismo. La inclusión de la drogas en la agenda de las conversaciones de paz podría ser una oportunidad para impulsar la discusión hacia adelante y desarrollar acciones concretas, particularmente en el tema de políticas de Desarrollo Alternativo (DA). Definido por la ONU como un proceso para prevenir, reducir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes, el DA debe ser parte de una estrategia de desarrollo rural más amplio y de esfuerzos de desarrollo sostenible.
A continuación se presentan algunas recomendaciones y propuestas de políticas sobre desarrollo alternativo que podrían ser considerados en la mesa de negociación en La Habana.
PUNTOS CLAVE
• La reincidencia de las zonas productoras de coca está relacionada con la distribución desigual de la riqueza en Colombia, y con la dinámica de la concentración de la tierra, que sigue expulsando a los campesinos que emigran a nuevas zonas de asentamiento.
• Colombia debe volver a examinar y fijar la relación existente entre políticas de fuerza y programas de desarrollo alternativo, y debe decidir si la erradicación sigue siendo una condición previa para la validez del desarrollo alternativo. La erradicación debe ser un proceso gradual y voluntario, y hacer parte de los acuerdos alcanzados con las comunidades que desean alternativas legales.
• Se necesitan mecanismos institucionales que aseguren la participación de las comunidades y su integración con los procesos de desarrollo local y regional.
• El costo-beneficio de las inversiones en desarrollo alternativo en las zonas remotas es exiguo, porque en esas zonas la infraestructura es deficiente y los servicios son básicos. Por lo tanto, sería conveniente desalentar asentamientos en esas zonas, las cuales suelen tener además ecosistemas frágiles más bien adecuados para su conservación.
• Para que la política de restitución sea genuina y justa deberían ponerse las necesidades de las víctimas por encima de los intereses de los negocios. Esto constituiría un paso verdaderamente importante en la consolidación de una paz futura.
