¿Y quién es el pirata de las drogas?
Sábado, 21 de diciembre, 2013
El presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans, acusó a Uruguay de actuar como un "pirata", por haber aprobado el autocultivo y suministro legal pero estrictamente regulado de marihuana.
La JIFE es la institución encargada de supervisar el cumplimiento de las convenciones sobre drogas y Yans opina que la decisión tomada por Uruguay las viola. Una interpretación aislada de las convenciones parece darle la razón, pues estas sólo admiten el consumo legal de marihuana para fines médicos o de experimentación científica, mientras que la nueva ley uruguaya prevé también formas legales de acceso a la marihuana para usos recreativos. ¿Significa eso que Uruguay es un pirata que desprecia el derecho internacional por admitir un suministro legal de marihuana para fines recreativos?
No lo creo pues Uruguay, al igual que las demás naciones, no sólo tiene obligaciones internacionales en drogas, sino también en derechos humanos. Y estas obligaciones en derechos humanos prevalecen sobre los mandatos derivados de las convenciones sobre drogas, como lo sostuve en una reciente columna. No puede entonces acusarse a la ligera como pirata a un Estado que decide adoptar una política que entra en tensión con lo prescrito hace más de 50 años por la Convención Única de Estupefacientes de 1961, si ese Estado justifica razonablemente que esa nueva política es necesaria para garantizar los derechos humanos. Ese Estado en el fondo busca respetar en mejor forma el derecho internacional, pues prefiere cumplir con las obligaciones en derechos humanos, que son prevalentes.
Esto sucede en Uruguay pues la nueva ley tiene una clara perspectiva de derechos humanos y de salud pública; su propósito es evitar que los consumidores adultos de marihuana sigan sometidos a redes ilegales y mafiosas de distribución, pero sin crear un mercado libre de esa sustancia, que podría tener riesgos sanitarios. La ley prevé entonces formas legales pero estrictamente reguladas de autocultivo y distribución de marihuana. Por ejemplo, al igual que con el alcohol, no está autorizado el acceso a la sustancia por menores de edad; quienes produzcan sin autorización o manejen trabados serán sancionados; la publicidad está prohibida, etc.
Dados los desastrosos efectos sociales y humanos que ha tenido el prohibicionismo, los Estados tienen derecho a experimentar nuevas políticas en este campo, como la que está intentando Uruguay, a fin de garantizar en mejor forma la salud pública y el respeto a los derechos humanos.
La política uruguaya es controvertida y requerirá evaluaciones y ajustes, pero que Yans acuse a Uruguay de comportarse como un pirata por intentarla no habla mal de Uruguay sino de la JIFE. Muestra que en el fondo el pirata es Yans, que con su interpretación aislada y fundamentalista de las convenciones de droga, desprecia el derecho internacional pues ignora las obligaciones prevalentes que tienen los Estados en derechos humanos.
