El proyecto ley que se sustenta en la reglamentación del acto legislativo 002 de 2009 y que busca incorporar y precisar el uso terapéutico de la marihuana en Colombia, constituye un punto de partida para visualizar y enfrentar la gran complejidad de aspectos que intervienen en la generación de un dispositivo óptimo para su implementación, y en consecuencia, alcanzar los impactos que se pretenden.

No obstante, la iniciativa presentada por el Senador liberal Juan Manuel Galán, aunque meritoria, representa una ínfima parte de todo el mecanismo reglamentario que se requiere, el cual debe referirse a la producción de materia prima; importación de semillas; apoyo a la investigación genética; investigación sobre el uso terapéutico; acceso de usuarios y en relación con esto, procesos de distribución; difusión de resultados; incorporación del gremio de médicos y comunidades científicas; integración del uso a los sistemas de atención en salud; compromiso del Estado en el sostenimiento de la investigación de base; blindaje de los obstáculos que generan burocracias formadas en la prohibición fundamentalista; mecanismos de seguimiento, entre otros.

Estos temas determinantes no pueden dejarse, como lo pretendió la iniciativa de Galán, a la voluntad del gobierno sino que debería estar precedido de una apertura a sectores organizados de la sociedad colombiana relacionados con la temática, e incorporar en la iniciativa una proyección estratégica sobre lo que debería ser el uso terapéutico del cannabis.

La articulación entre producción y distribución

Para el caso colombiano se observa que existe una correlación entre el tamaño de la demanda de usos terapéuticos y el desconocimiento público de las bondades de la marihuana, más asociada a imaginarios que criminalizan a usuarios que la consumen para fines recreativos, o a delincuencia y a referentes que han terminado por satanizar la planta. Un giro, como el que se pretende con esta iniciativa legal, debe generar – para dar sólo algunos elementos que intervienen – cambios en la información, vuelcos en las percepciones de modo que se acoja su valor medicinal, acceso de pacientes a tratamientos validados y la inclusión de la planta en discusiones de médicos e investigadores que hasta ahora han desarrollado observaciones sobre sus usos medicinales casi en la clandestinidad. En algunos países el conocimiento de las propiedades terapéuticas de la marihuana circula a través de procedimientos informales de comunicación, redes de amigos o conocidos y que generalmente han tenido experiencias de uso en tratamientos médicos por parte de familiares y que saben cómo acceder a la planta.

Al cambiarse ese escenario, fundado en una visión sesgada y criminalizada, la apropiación del cannabis debe traducirse en giros importantes en el tamaño de la demanda y, en consecuencia, crecerán los interrogantes y desafíos como las fuentes de suministro en relación con las calidades que se requieren, el volumen de producción, entre otros, de modo que se pueda garantizar un acceso eficiente de los pacientes.

Países como Canadá tienen dos mecanismos generales para responder a ese obstáculo que es el dispositivo de intermediación entre producción y distribución: por un lado, el estado centraliza las adquisiciones a través de una entidad que se llama Health Canadá a la cual recurren quienes previamente han sido autorizados para adquirirla (Belle-Isle et al.,2014).

En segundo lugar, las autorizaciones dadas por el Estado a particulares que requieren de la planta, permitiendo la producción del propio cannabis, sobre la base de la figura del usuario registrado y autorizado para usos terapéuticos. Como una variante de esta segunda opción, y teniendo una autorización previa, permitir la designación de una persona que la produzca (Belle Isle et al., 2014:692).

Puesto en la realidad colombiana, existen zonas de producción de marihuana por décadas y que de alguna manera han generado una apropiación de la planta por generaciones, como en el caso del norte del Cauca, actividad orientada a satisfacer los usos recreativos. Allí se puede observar una verdadera oportunidad de cambio en la orientación de la producción siempre y cuando se den estímulos y condiciones óptimas que permitan forjar un mercado interesante para los productores, que siguen siendo fuertemente criminalizados. Esto, mientras el país aborda el debate y decide sobre usos recreativos, ya que de ninguna manera se debe aceptar que la regulación del cannabis para usos terapéuticos sea un mecanismo para re criminalizar a los consumidores que hacen un uso distinto al medicinal o industrial.

Incluso sería una oportunidad de un cultivo validado para los productores de hoja de coca que le apostarían a una reconversión de su economía. Para ello el Estado debería precisar las zonas autorizadas, fijando unas extensiones límite que podrían ser monitoreadas, prestando asesorías técnicas en su producción, facilitando créditos y permitiendo y apoyando la generación de valor agregado en esos mismos territorios, hecho que se concreta en la aplicación de resultados provenientes de la investigación genética y de aquella que aporta conocimiento para los tratamientos terapéuticos.

En síntesis, el cannabis es un cultivo promisorio ante los retos descomunales que se observan para zonas con escasas posibilidades de llevar a cabo una inclusión en el mercado nacional e internacional con productos cuya competitividad es altamente incierta.

También debería el Estado blindar esa producción nacional del juego de oligopolios transnacionales del cannabis, a través de la fijación de reglamentaciones claras y transparentes sobre transacciones bien por importaciones de semillas o genes en donde tanto la investigación nacional como las zonas productoras puedan desarrollar sus propósitos, sin que se limiten por la presencia de intereses privados en el marco del manejo de patentes y el comercio transnacional.

El crecimiento de la demanda interna se asocia a la solución de los desafíos que implica la necesidad de una incorporación de las asociaciones médicas para apropiarse de las bondades del cannabis en usos terapéuticos. Si se desconocen sus usos, por tanto, no se receta. Este es otro problema que afecta la regulación de la marihuana en países como Canadá, en donde por lo menos un tercio de los médicos jamás recetan cannabis para usos terapéuticos a quienes lo requieren. Según la Asociación Médica Canadiense la mayoría de profesionales de la salud alegan falta de información suficiente sobre riesgos, beneficios y el apropiado uso de la marihuana para fines terapéuticos (Belle-Isle et al., 2014:692).

Políticas públicas inexistentes o que no logren neutralizar la informalidad en la circulación del cannabis en usos terapéuticos, pueden afectar el papel de los dispensarios y favorecer la producción no autorizada o circulaciones ilegales. Así mismo, la no resolución de las dificultades en el marco de las autorizaciones legales de producción dificulta también el acceso a la marihuana para usos terapéuticos.

Una mala reglamentación puede impulsar una fuente ilegal de adquisición para usos terapéuticos, lo cual puede incidir sobre calidad del producto, los precios y por tanto el mismo acceso de quienes necesitan el tratamiento.

Es difícil que un país novato en enfrentar por una vía distinta a la criminalización y el uso de la fuerza el uso de plantas sobre las cuales pesa un estigma asociado a la marginalidad y la delincuencia, como en el caso colombiano, alcance desde el primer momento, los mecanismos óptimos que logren una reglamentación eficaz que permita el acceso de pacientes que de manera urgente buscan tratamientos con impactos que pueden ser óptimos para su salud. Pero teniendo en cuenta la masa crítica existente a nivel internacional y un acumulado de experiencias hoy en día validadas en políticas públicas principalmente en Estados Unidos, Israel, Canadá y Holanda, se podrían elaborar estrategias que hagan viable el acceso a tratamientos por parte de pacientes con enfermedades graves.

Si la reglamentación del proyecto de ley sobre regulación del cannabis para usos terapéuticos se deja en manos del gobierno como un cheque en blanco, corre el peligro que la entidad responsable simplemente contrate un equipo de abogados que, sin conocimiento del tema, se limite al uso de tecnicismos jurídicos pasando por encima de la compleja realidad de su implementación.

En tal sentido, un primer paso podría ser la conformación de un grupo de investigación y análisis interdisciplinario para lograr lo mejor posible en mecanismos de regulación, preparación de disposiciones legales, su implementación y finalmente que monitoree impactos y ponga a prueba las metodologías que se utilicen. Así se hizo en experiencias exitosas como en el estado de Colorado de los EU (Pardo Bryce, 2014:728). El papel de la academia y de centros de investigación es central en este propósito, junto con la apertura de espacios de participación de eventuales productores en áreas específicas, que asumirían un papel importante en el dispositivo de implementación. Un acumulado validado de esta experiencia se constituye en un soporte único para los días en que se deba pensar en asumir regulaciones de los problemas más agudos frente al manejo de las drogas declaradas ilegales: la regulación del cannabis para usos recreativos y tal vez el más importante, la regulación de la coca/cocaína.

Ricardo Vargas es sociólogo y Investigador Asociado al Transnational Institute TNI.