Con más de 400 participantes y la presencia de especialistas, funcionarios públicos y activistas de la Argentina, el 4 y 5 de octubre el salón auditorio del edifico anexo de la Cámara de Diputados se desarrolló la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. Organizada por la asociación civil Intercambios, organización no gubernamental clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos de Naciones Unidas, el encuentro se concentró en las reformas legislativas necesarias para sacar la atención de los usuarios de drogas del campo penal y centrarlo en el ámbito de la salud. 

Conclusiones y Perspectivas

“El debate está instalado, es el turno de los legisladores consolidar el camino. La salud pública y los derechos humanos deben estar en el centro de las políticas de drogas”, señaló al abrir la jornada Graciela Touzé, presidenta de la asociación civil Intercambios, organizadora del encuentro que se realiza todos los años desde 2003.

Una apertura con definiciones fuertes

“Sin una ley que descriminalice la tenencia para consumo y que marque pautas serias para controlar precursores químicos y fondos, lo que estamos haciendo no se encuadra en una política seria”, aseveró Stella Maris Martínez,  defensora General de la Nación del Ministerio Público durante la inauguración de la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, el 4 de octubre por la tarde. A su turno, Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, recordó que “salvo Argentina y Venezuela todos los países de la región han descriminalizado la tenencia para consumo personal”.

La fiscal advirtió sobre el crecimiento de la violencia asociada al crimen organizado: “Si bien en Argentina no está en riesgo la gobernabilidad a causa del narcotráfico, cada vez más aparecen situaciones de violencia que antes no conocíamos: un hombre acribillado en un shopping, el triple crimen de traficantes de efedrina y veinte homicidios en Capital Federal por conseguir rutas de tráfico a España”. Y vinculó estos acontecimientos con el paradigma de guerra contra las drogas “que con las operaciones Cóndor, Colombia y Plan Mérida llevó a países como México a niveles de violencia extremos y que se está trasladando a Guatemala y Costa Rica”.

Desde su rol de presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados, el legislador Fabián Peralta aseguró que existe “la decisión política de que el proyecto de reforma de la ley de estupefacientes 23.737  sea tratado este año o principios del próximo” y que se proponen “terminar con el supuesto de que todo consumidor es un adicto”. Cuñarro y Martínez reclamaron que la reforma debe incluir la proporcionalidad de las penas. “Se ha triplicado la cantidad de detenidas: mujeres pobres, que son de peligrosidad cero, quedan arrestadas en lugares inhumanos por hacer de mulitas”, señaló la Defensora General de la Nación.

Por el Ministerio de Trabajo, la coordinadora de Políticas de Prevención de Adicciones, Lucía García, anticipó que este tema se está incorporando en las paritarias y presentó el Observatorio de Situaciones de Vulnerabilidad en el Mundo del Trabajo, que se desarrolla junto a la facultad de Derecho de la UBA.

Estuvieron presentes en el acto de apertura el juez Martín Vázquez Acuña y Alicia Gilone, integrantes del comité asesor en el tema de Jefatura de Gabinete; los ex legisladores Leandro Gorbartz y Sylvestre Bennis, autores de los proyectos de ley de salud mental y de creación del programa de prevención de las adicciones que obtuvieron sanción unánime en diputados; Oliver Moss, secretario de Asuntos Políticos y Globales de la Embajada Británica en Buenos Aires; los integrantes de Naciones Unidas Rubén Mayorga, coordinador de ONUSIDA para América del Sur, Marcelo Vila en representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Carola Down, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).

Enviaron sus adhesiones el jefe de gabinete Aníbal Fernández –quien a último momento no pudo participar de la inauguración- y el Ministro de Educación Alberto Sileoni; el legislador de la UCR Ricardo Alfonsín y las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, quienes saludaron “la apertura de un debate que nos saque de cierta parálisis de legislación vigente”, en la misma fecha en que ambas presentaron un proyecto para modificar la ley 23.737.

El encuentro apuntó a propiciar “un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas” y generar un intercambio entre académicos y decisores políticos a fin de mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, políticas públicas superadoras e intervenciones novedosas.

Drogas, control y seguridad

Durante el martes 5 por la mañana, en la mesa “Drogas, control y seguridad”, se abordaron consumo, tráfico y su impacto en la construcción de los discursos en torno a la inseguridad. Un dato sobre el consumo de drogas legales abrió a leer aspectos que suelen pasar poco visibles: el consumo de psicotrópicos pasó de 25.000 unidades en 2008 a 42.020 en 2009. “Cuando hablamos de psicotrópicos nos referimos a clonazepan, benzodiacepinas y otras drogas vinculadas a la automedicación. Los laboratorios todos los años aducen crecimiento del mercado, nuestra pregunta es si los argentinos necesitamos realmente consumir en estas cantidades”, señaló Raquel Méndez, jefa del Departamento de Psicotrópicos y Estupefacientes del Instituto Nacional de Medicamentos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). También hubo un crecimiento de estupefacientes, que pasó de 20.780 a 31.980 unidades, pero que se evalúa como positiva porque es utilizada para patologías terminales, terapia del dolor, “que antes en el país se usaban menos de lo necesario”, aclaró Méndez.

En las drogas ilegales, el microtráfico fue tema central: “Estamos avanzando en la separación entre consumo personal y narcotráfico; hacen falta también herramientas legislativas para el microtráfico, que descuidamos y ha crecido en la Argentina”, advirtió Alberto Binder, asesor en política penal de la Cámara de Diputados y presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). Junto a la despenalización del consumo, Binder propuso que la política respecto del microtráfico reduzca al mínimo el uso de las herramientas punitivas: “Esto requiere un protagonismo de los municipios imponiendo clausura de locales y otras medidas, ya que el mapa de los maxikioscos que venden lo tienen seguro”.

El secretario letrado de la Defensoría General de la Nación, Iñaqui Anitúa, también alertó sobre la criminalización de los eslabones más débiles del mercado de las drogas. “En el caso de la tenencia se persigue a varones jóvenes pobres, en el caso del tráfico se persigue a las llamadas ´mulitas´, mujeres pobres migrantes”, señaló en una presentación que hizo fuerte énfasis en la vigencia de estereotipos que “permiten actuar a las agencias penales y estatales criminalizando a los más vulnerables”.

Precisamente, para analizar los efectos de esta criminalización, Victoria Rangugni, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) presentó algunos de los avances de su investigación sobre los elementos que componen la inseguridad, donde la cuestión de “la droga” aparece directamente asociada a joven y delito. La investigadora destacó tres elementos: 1) la asociación que se hace entre delito-violencia-pobreza-droga; 2) la amenaza de que la inseguridad va a “devorarlo todo” y por lo tanto requiere respuesta urgente; 3) la idea de que el Estado debe tomar medidas “más contundentes” lo que traducido significa “más punitivas”. Rangugni concluyó: “Es paradójico porque cuando aparecen respuestas estatales como la Asignación Universal por Hijo, la editoriales de los diarios dicen que alimentará el consumo de drogas, entonces se reclama la acción política pero se la desacredita cuando aparecen respuestas que no van en carácter punitivo”.

Drogas, atención socio-sanitaria y derechos humanos

A un año del fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia, que exhortó a todos los poderes públicos a desarrollar programas de asistencia, la mesa “Drogas, atención socio-sanitaria y derechos humanos” se concentró en las perspectivas que puede abrir la sanción de la nueva ley de salud mental, que obtuvo media sanción por voto unánime en diputados y debe tratarse en Senadores. “Cuando se sancione la nueva ley de salud mental, ya no serán los jueces quienes deban autorizar el alta de un usuario de drogas, sino directamente los profesionales de la salud”, destacó la jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal Marcela Pérez Pardo, al señalar además que es necesario que esta sanción se realice en conjunto con la de creación del Programa Nacional de Asistencia Integral de las Adicciones, cuyo proyecto de ley también está en el Parlamento.

"La cocaína no es el mejor antidepresivo, pero el clonazepan lo es mucho menos", advirtió Alberto Calabrese, miembro del Comité Científico que asesora a Jefatura de Gabinete y director de la carrera Especialista en Drogadependencia de la Universidad Nacional de Tucumán, para poner sobre la mesa la necesidad de mirar los consumos y la atención socio sanitaria con una lente amplia.

Desde la Red Argentina por los Derechos y Asistencia de los/as Usuarios/as de Drogas (RADAUD), Verónica Russo explicó que, junto a la nueva ley deberán darse una serie de cambios culturales, porque “las violaciones a los derechos humanos de las personas que usan drogas comienzan en la entrada al servicio del hospital. No nos abren la puerta y si llegamos a una guardia nos tiran en una camilla y comienza un castigo verbal”. Calabrese coincidió: “Lograr la sanción de estas dos leyes es importante, pero si en el Ministerio de Salud no existen dependencias capacitadas no alcanza. Necesitamos un tejido de salud receptivo del usuario de drogas: organizar recursos, formar equipos, integrar a las provincias”.

A su turno, Silvia Faraone, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), caracterizó a este momento en que se avanza hacia la sanción de leyes que finalmente podrían sacar al usuario de drogas del campo penal como “un movimiento de péndulo entre la tutela jurídica y el derecho de la ciudadanía”. Y concluyó: “Tenemos que acompañarlo con fuerte trabajo en los espacios micropolíticos, para suprimir el sometimiento. La trayectoria entre tutela y derecho se está construyendo, y lo importante es que no dejemos detener este péndulo”.

Desafíos de la intervención a nivel local

¿Qué espacios de intervención pueden potenciarse en los territorios? ¿Es posible construir dispositivos de atención comunitarios? ¿De qué se habla cuando se apela a la prevención y a la atención? Estas y otras preguntas guiaron el debate en el panel “Desafíos para la intervención en el nivel local”, donde representantes de organizaciones sociales, funcionarias públicas y expertas plantearon estrategias y desafíos en el trabajo cuerpo a cuerpo.

Gabriela Torres, subsecretaria de Atención a las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, recordó que los Centros de Prevención de Adicciones (CPA) surgieron vinculados a dar respuestas al delito, por lo tanto su enfoque original fue de abordaje más criminal; luego, el enfoque fue cambiando “y hace ocho meses adicciones pasó al Ministerio de Desarrollo Social”. La funcionaria comentó que se ha firmado un convenio para que las guardias de los 45 hospitales de la provincia con servicios de salud mental estén preparadas para realizar desintoxicación “lo que hasta ahora no sucedía”, aclaró.

Cómo abordar los problemas de desinformación y perplejidad sobre cómo intervenir fueron denominador común de las presentaciones de Torres y Mara Brawer, subsecretaria de Equidad Educativa, de quien depende el Programa de Prevención del Consumo Problemático de Drogas del Ministerio de Educación de la Nación. Brawer señaló que esta cartera promueve un “no al silencio pedagógico” y trabaja en la sensibilización de docentes que se preguntan: ¿si la droga es ilegal qué hago con un chico que consume, le pongo 25 amonestaciones? ¿tengo que llamar a la policía si es un delito?

A su turno, Marcela Alsina, coordinadora de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH, señaló como obstáculo la forma en que se mide la transmisión del VIH vinculada a las drogas, que en las cifras oficiales se estima en el 6 %, porque sólo toma la vía endovenosa. “En cambio, desde la Red en el último mes hicimos 235 consejerías: de los 104 varones había 82 usuarios de drogas, incluido el alcohol; de las 131 mujeres, 32 eran o habían sido usuarias y 61 se declararon esposas de personas con problemas de alcohol”, señaló. Esta brecha en la forma de medir el problema tiene como consecuencia “la indiferencia del Programa Nacional de Sida y los programas provinciales, y escasas campañas focalizadas, ya que lo ven como un problema de baja magnitud”.

Alsina también dio cuenta de avances: compromiso de equipos multidisciplinarios; articulación entre equipos de salud y las organizaciones en la atención hospitalaria; consejerías; interacción entre toxicología, salud mental, infecto, redes y organizaciones. pero la solución no la tenemos la sociedad civil. Y concluyó: “Una de las barreras más grandes que sentimos es la exclusión. Nos sentimos excluidos de este gobierno, el anterior y el anterior, porque no incluyen este tema en la agenda”.

La experiencia como madre y funcionaria se cruzaron en la presentación de Isabel Vázquez, fundadora del grupo Madres contra el Paco y por la Vida de Lomas de Zamora, quien en la actualidad es, además, directora del Servicio en  Adicciones (SEA) de ese municipio. “Nuestro camino fue contener a las mamás, para que pierdan la vergüenza y el miedo. Lo primordial es volver a enamorarnos de nuestros chicos. Lo de la zapatilla y el celular es una excusa, ellos nos necesitan a nosotras, necesitan el amor”, dijo al comenzar su relato sobre el trabajo desde la organización. Al referirse a su rol como funcionaria pública, señaló: “Lo que me preocupa… que me disculpen los profesionales, pero les falta amor. Atienden con frialdad, dicen ´tiene que venir a las ocho´ y comparten poco la situación con los padres de los pibes, que tenemos para aportar”.

Finalmente, Débora Kantor, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), asesora en temas de adolescencia del Ministerio de Educación de la Nación, buscó problematizar el que se presenten las propuestas de recreación y formación para jóvenes como formas de prevenir el consumo de sustancias. Kantor señaló: “Si los chicos y chicas deben contar con actividades recreativas, talleres de sexualidad, propuestas deportivas y culturales, es porque tienen derecho a ello, porque eso es la clave para su vida actual. No para evitar peligros y neutralizar riesgos sociales y personales”.  Tras esta diferenciación, señaló que, mientras tanto “los adultos tenemos responsabilidades y el Estado tiene obligaciones. Responsabilidad es tener respuesta, absteniéndonos de la respuesta moralizante y punitiva. Tenemos responsabilidad generacional, política, ética, no una superioridad como prerrogativa”.

Un modelo de atención integral: Bahía

El cierre de la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas estuvo a cargo del brasilero Antonio Nery Filho, coordinador general del Centro de Estudios y Terapia sobre el Abuso de Drogas (CETAD) de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), quien brindó la exposición “Atención integral a los usuarios de drogas en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil”

La experiencia, un modelo de atención impulsado por impulsores de la reducción de daños en Bahía y que hoy es parte de la política de drogas de ese distrito, se lleva adelante desde la CETAD e incluye siete estrategias combinadas:

1) implementación de consultorios callejeros en reducción de daños para consumidores (lo que significa no imponer abstención del consumo);

2) ampliación de la red de asistencia con más centros de salud;

3) realización de un programa semanal sobre drogas en un medio de comunicación de gran alcance;

4) “Con el alcohol y el tránsito no se juega”, intervenciones informativas en las estaciones de servicio;

5) salud cara a cara en la calle;

6) reflexión y capacitación a agentes comunitarios en temas de drogas y

7) diálogo con las comunidades terapéuticas sobre su abordaje.

“Estas estrategias se alimentan entre sí, porque sin la interdisciplina y sin el protagonismo de las mismas personas que usan drogas, cualquier estrategia fracasa”, advirtió el especialista.

A modo de cierre

Durante la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas pudieron sumarse nuevos elementos que hasta ahora no aparecían en los análisis de años anteriores: el incremento del microtráfico y la consecuente criminalización de los eslabones más débiles del mercado de las drogas, con el consecuente incremento de personas pobres, especialmente mujeres migrantes, en las prisiones. También, la importancia de que se implementen políticas de persecución del microtráfico a nivel municipal desde una perspectiva no punitiva y el debate pendiente sobre cómo desarmar los estereotipos que contribuyen a construir alrededor de la pobreza el problema de las drogas, alrededor de las drogas el delito y, sobre el delito, el problema “de la inseguridad”.

El otro gran eje de debate se centró en las puertas que se abren con las reformas legislativas en marcha y cómo podrían potenciarse a partir de tomar las experiencias de intervención a nivel local. En el cierre, a modo de conclusión, la presidenta de Intercambios, Graciela Touzé, planteó: “Es necesaria una reforma integral de la legislación sobre drogas que incluya todas las dimensiones: descriminalizar al usuario, hacer proporcionales las penas para las ´mulas´ y el microtráfico en general y una atención de las personas con consumo problemático que respete su autonomía y derechos humanos”.

La conferencia se realizó con el patrocinio de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, la Fundación Open Society y el Comité de ONG de Viena sobre Drogas (VNGOC). Además, contó con la adhesión del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; Defensoría General de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ONUSIDA, INADI, Grupo Latinoamericano sobre Políticas de Drogas (GRULAD), Drug Policy Alliance (DPA), Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Transnational Institute (TNI), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA).

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