La despenalización de las drogas en Guatemala
Para entender mejor el contexto en el que se produjeron los llamados del presidente guatemalteco para abrir un debate sobre un modelo diferente de regularización del mercado de drogas, invitamos a un experto de ese país a que nos diera su opinión sobre el tema.
El sábado 11 de febrero de 2012 el gobierno del general retirado, Otto Pérez Molina, anunció a través de su vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, su intención de legalizar (despenalizar) las drogas en el territorio guatemalteco. No había transcurrido un mes desde su asunción para que el nuevo gobernante anunciara el cambio de la política criminal en el país, después de una política de gigantismo punitivo y de una abierta neocriminalización de más de doce años, que permitió la existencia de por lo menos cuarenta nuevas leyes punitivas.
El gobernante envió el mensaje a pesar que los guatemaltecos aun no salían del impacto informativo. El dieciséis de febrero, cinco días después del mensaje presidencial, Yuri Fedotov, Director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, manifestó ante los medios de comunicación locales que no creía que esto (la despenalización de la droga) ayude, y que este mensaje podría enviar una señal equivocada a los criminales, provocando no el freno de sus crímenes, sino, por el contrario, abriría aún más la puerta para ellos. Fedotov, apodado “El zar antidrogas de la ONU” recordó que ya había expuesto que quienes impulsan la liberación de las drogas en el mundo, olvidan que cada año mueren 250 mil personas por su consumo, y que si se legalizan no serán cientos de miles sino millones los muertos.
La Iglesia Católica, fuente de las expresiones religiosas más radicales de Guatemala, ha preferido mantenerse al margen, quizá un tanto a la expectativa, aunque en sus homilías dominicales ha criticado la intención de liberar las drogas en una nación que requiere analizar mucho más sobre este asunto. Entre tanto, el Consejo Asesor de Seguridad, CAS, integrado por representantes de algunos sectores civiles del país, motivó una discusión abierta sobre la despenalización de las drogas. Carmen Rosa de León, representante del CAS, argumentó que hizo esta propuesta al presidente para que en la sea discutido en la cumbre Centroamericana. A su vez, el Director General del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Marco Antonio Canteo, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico debe ser elevada a una discusión integral que involucre discutir nuestra política de salud, educación y de seguridad.
En la poca discusión que se ha dado sobre el tema, puesto que no existe una propuesta estructurada, algunos articulistas guatemaltecos han opinado estar de acuerdo con la despenalización de la droga. Este es el caso de Samuel Pérez, quien manifestó que: “…No existe evidencia de que en el largo plazo la legalización —o despenalización— de las drogas incremente per se su consumo. ¿No será que teniendo más información, pudiendo hablar más abiertamente, sin temores ni tabúes, se podrá prevenir el abuso en su consumo y evaluar más abierta y objetivamente las consecuencias? Y quienes actualmente las consumen, no podrían empezar a hablar abiertamente sobre los determinantes de su preferencia, abriendo un debate civilizado e inteligente y no ser vistos como indeseables criminales” (Prensa Libre, 17 de febrero del 2012).
Quizá sólo el gobernante Otto Pérez sepa cuál es la hoja de ruta o el plan de acción con relación a la propuesta hecha, que no deja de ser una idea, buena si se quiere, pero que definitivamente debe ser objeto de análisis y discusión, sobre todo cuando al interior del país se lanza un discurso contrario. Me refiero a la intención oficial de reducir la edad punitiva (imputabilidad a los adolescentes infractores) que plantea encerrar a niñas y niños de doce años. Resulta difícil entonces creer que el verdadero propósito sea la despenalización, por lo que procede una discusión profunda y abierta de ambos temas que promueva la reducción de la masa penal, evitando no sólo el ilegítimo encierro por drogas, sino también de nuestros niños.
Joaquín Medina Bermejo es abogado y notario, licenciado en ciencias de la comunicación, periodista profesional y Doctorado en Ciencias Penales.
