El nuevo presidente francés, François Hollande, no parece tener la intención de cambiar las políticas sobre cannabis. La persona a la que ha elegido como ministro del Interior, Manuel Valls, es un oponente declarado de cualquier reforma sobre esta planta. Durante la campaña electoral, Hollande ya se mostró contrario a la propuesta de convertir el delito penal que entraña actualmente consumir cannabis en una falta o delito menor, algo que había puesto sobre la mesa su asesor de seguridad y alcalde de Dijon, François Rebsamen. Hollande afirmó que no deseaba “darla más mínima señal de renuncia a una disuasión con respecto al consumo de cannabis”.

Valls se opone frontalmente a las propuestas de “legalización controlada” planteadas por un grupo de trabajo del Partido Socialista, encabezado por el exministro del Interior, Daniel Vaillant. En su informe, titulado Légalisation contrôlée du cannabis y publicado en junio de 2011, el grupo de trabajo proponía que el cultivo y el consumo de cannabis en Francia pasaran a ser actividades controladas por el Estado con el fin de acabar con el tráfico y la delincuencia que florecen en los barrios marginales, las banlieues, y de garantizar la calidad de una sustancia cuyo consumo está muy generalizado pero cuya calidad suele ser muy baja.

Firme oposición

Valls declaró que es "firmemente contrario" a "toda concesión en este terreno, en nombre mismo de los valores de la izquierda, de la idea que tengo sobre el orden republicano y de la libertad de cada uno”. Para defender su postura, alude a la obsoleta ‘teoría de la pasarela’ que ha sido desechada por los científicos más serios. "¿Sabemos de qué estamos hablando? Los devastadores efectos de las drogas entre los jóvenes, los niños, desde la escuela (…) Muchas veces empieza –no automáticamente– con este tipo de consumo, con esta economía subterránea que socava nuestros barrios."

La candidata que se había mostrado más claramente partidaria de la descriminalización del cannabis en las primarias socialistas, Martine Aubry, perdió frente a Hollande en la segunda vuelta. Aunque algunas voces pronosticaban que sería designada primera ministra, la realidad es que ni siquiera ha entrado en el gobierno. El elegido por Hollande para ocupar el puesto de primer ministro, Jean-Marc Ayrault –el exlíder del Partido Socialista (PS) en la Asamblea Nacional–, no es alguien conocido por apostar por una agenda de reforma en lo que se refiere al cannabis.

En su reacción frente al informe sobre la legalización controlada, Ayrault señaló que, en caso de que la izquierda volviera al poder, se debería convocar una “comisión de consenso para intentar encontrar soluciones”. A su favor, cabe decir que Ayrault reconoció “el fracaso” de las actuales políticas de control de drogas y felicitó a Vaillant por plantear las cuestiones oportunas. Añadió también que el problema se debería abordar como “una cuestión de salud pública y de una economía paralela”.

Verdades inconvenientes

El otro posible candidato para el puesto de ministro del Interior, François Rebsamen, perdió seguramente cualquier esperanza cuando, en plena campaña electoral contra Nicolas Sarkozy, propuso la idea de que el delito penal por el consumo de cannabis se convirtiera en una falta o delito menor: "Hay 142.000 trámites por consumo de cannabis cada año, que representan centenares de miles de horas de trabajo para la policía y sólo dan lugar a 24.000 procesamientos”, señaló Rebsamen para explicar su punto de vista .

Rebsamen repitió su propuesta recientemente, añadiendo que simplemente estaba repitiendo un proyecto planteado por un senador de la UMP [el partido de Sarkozy] y ya aprobado por el Senado. Según algunos observadores, puede que las verdades inconvenientes de Rebsamen le hayan costado el puesto de ministro del Interior, a pesar del hecho de que su rival, Nicolas Sarkozy, hubiera formulado una propuesta parecida en 2007.

Valls fundamenta sus conocimientos sobre drogas y seguridad en su experiencia como alcalde de Évry, en la periferia de París, considerada una de las zonas más inseguras de Francia y donde el tráfico de estupefacientes es muy frecuente. Sin embargo, esa experiencia no debería conducir necesariamente a una perspectiva prohibicionista, como lo demuestra el caso de Stéphane Gatignon, alcalde de Sevran –otro municipio situado en la periferia donde abunda el tráfico de estupefacientes–, que está a favor de legalizar el cannabis y de controlar su producción y distribución con el fin de reducir los riesgos y “acabar con los traficantes”. Gatignon aboga por la legalización del cannabis y por el establecimiento de un sistema que reportará beneficios financieros.

Mil millones en ingresos

Francia es uno de los mayores consumidores de cannabis de Europa y cuenta con algunas de las leyes más severas en este ámbito. Según el Observatorio Francés de las Drogas y las Toxicomanías (OFDT), en el país hay aproximadamente 1,2 millones de consumidores habituales de cannabis (que fuman más de 10 veces al mes) y 3,9 millones de consumidores ocasionales (al menos una vez al año). La cifra se ha cuadriplicado desde 1990.

Pierre Kopp, un economista de la Universidad de París, ha comparado el coste de luchar contra el uso ilícito de cannabis con el posible coste en caso de ser legalizado. “El Estado podría ahorrar unos 300 millones de euros en el gasto que se deriva de los arrestos”, afirma Kopp. “O quizá incluso más si incluimos el coste de la custodia, la actividad de los tribunales y la aplicación de las penas. El Estado también obtendría impuestos por valor de unos 1.000 millones de euros. Y después, los recursos humanos y materiales se podrían redirigir para la prevención y la lucha contra el tráfico de otros estupefacientes.”

Puede que esas cifras pudieran convencer a Hollande de cambiar de rumbo ante las presiones por equilibrar los presupuestos en plena crisis económica, pero, por lo demás, las perspectivas de que se produzcan cambios importantes en las políticas de drogas de Francia son escasas. Podría darse un paso adelante si Hollande respaldara el desarrollo de proyectos piloto con "salas de consumo" para usuarios de heroína, una idea bloqueada por el primer ministro de Sarkozy, François Fillon.