¿Carcel S.A.? Un espejismo de respuesta
En los últimos años, muchos países de América Latina enfrentan el dilema –proveniente del mundo sajón- de concesionar alguno o todos los servicios penitenciario a grandes empresas nacionales y/o internacionales, lo cual pone en discusión la potestad de entregar partes del control social estatal, incluido el deber de sancionar, resguardar y/o rehabilitar a los infractores.
Son los casos de Chile, Colombia, y ahora salió la propuesta en el Perú, todos países que han enfrentado el fin del Estado benefactor, a través del paradigma neoliberal, mediante el cual plantearon en su momento "tercerizar" alguno de estos segmentos: (i) la construcción de centros carcelarios, (ii) la prestación de algunos servicios como la seguridad interna/externa, o, (iii) la prestación de la alimentación, en lo que algunos analistas llaman la "comercialización del delito".
En el primero, ya se han producido casos de privatización carcelaria, a costa del aumento del costo de alimentos por preso. En el Perú, el 2008 se creó una comisión encargada de estudiar el tema, conformada por agudos defensores de la desaparición del Estado, que conllevaron a la renuncia del Director del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), general Gustavo Carrión. Ahora, el Ministerio de Justicia insiste nuevamente en el tema, con algunos centros penitenciarios. Recientemente, la Comisión de Justicia del Congreso anunció la presentación de esta comisión de privatización (en manos de Gonzalo Prialé) y la Ministra Rosario Fernández anunció la evaluación de la privatización de todo el sistema penitenciario.
Luego, el Ministerio de Justicia suscribió un convenio con PRO INVERSION, la agencia peruana encargada de promover las inversiones. En abril del 2010, se aprobó el documento relativo al proceso de concesión para la construcción, manejo y aprovechamiento de un establecimiento de mínima seguridad (11.5 hás para 1536 internos) en Aucayama, Huaral, a tres horas al norte de Lima. Lo curioso es que adicionalmente a la construcción y operación de dicho centro, se autoriza para la construcción y aprovechamiento –por el concesionario- de una factoría, como negocio independiente con la mano de obra de los reclusos y sin que rija la legislación laboral!!. En diciembre de este año, se debe dar la buena pro al ganador.
Con esta medida, el Estado peruano pretende no solo enfrentar los enormes requerimientos de infraestructura, para reducir en algo el histórico hacinamiento/sobrepoblación carcelaria. Con el pretexto eficientista de "desfogue", pretende responder a la enorme demanda de la sociedad por más seguridad basada en la amenaza de la sanción penal, la reclusión y el castigo. Pero, ¿Son contradictorios la rehabilitación y el lucro?
Está el tema de la eficiencia en la política penitenciaria, es decir los mayores costos que acarrearían el que una empresa privada reemplace al Estado y que éste ¿le pague en consecuencia? Es la típica tensión entre lo punitivo y lo productivo. En sentido inverso, la necesidad de reducir costos puede llevar a la disminución de los propios servicios médicos, de seguridad o de alimentación de los internos, por parte del concesionario.
Luego vienen los argumentos morales, ¿es válido generar renta a través del manejo de la sanción? No basta con reemplazar una política criminal de prevención del delito por la simple construcción de mayor cantidad de almacenes humanos (pobres, marginados, sin sentencia) ¿No es un deber intrínseco del Estado lograr y velar por la recuperación de sus ciudadanos infractores? Hay otro argumento en contra y son las experiencias ocurridas en EE.UU donde se han producido casos de grandes negociados cercanos a la corrupción que involucran a autoridades penitenciarias. Estaremos pendientes a los detalles de este complejo y dudoso proceso privatizador del control social en el Perú.
